El Caso Caval explicado con manzanitas

En la siguiente columna explicaremos en simples términos el caso que remeció a la familia presidencial. Una historia que, tras salir a la luz pública, catapultó la popularidad de la Presidenta Michelle Bachelet y su núcleo más intimo. Una historia que remeció la reputación de la clase política, recientemente alicaída tras el Caso Penta y el financiamiento irregular de campañas y partidos políticos. Un bidón de bencina a una hoguera que poco a poco parecía descontrolarse. Esta es la historia del hijo de la Mandataria, su esposa y un negocio cuestionable.  

VERANO DE renunciaS

El 13 de febrero de 2015 los medios acudían en masa al Palacio de La Moneda. Sebastián Dávalos, hijo mayor de la Presidenta Bachelet, citó a la prensa para comunicar una difícil decisión. Flanqueado por sus asesores más cercanos, él por entonces Director Sociocultural de la Presidencia comunicaba su renuncia al cargo, el que comenzó a desempeñar tras la asunción de su madre al más alto cargo político del país. Muchos creían que tras esta decisión finalmente culminaban 7 días de escándalo en la sede de Gobierno, desatados tras un artículo publicado por la Revista Qué Pasa el 5 de febrero. Lo que pocos sospechaban es que esto sólo constituiría el inicio de una de las crisis más importantes en la política chilena y, en particular, una de las más delicadas por involucrar el seno más intimo de una familia presidencial.

Aquí la historia de esta crisis. Una que versa sobre un indebido y cuestionado negocio. 

MATRIMONIO EMPRENDEDOR

davalos

Sebastián Dávalos Bachelet es cientista político titulado de la Universidad Mayor. Una vez que su madre se convirtió por segunda vez en Presidenta de la República, el primogénito asumió el cargo de Director Sociocultural de la Presidencia, cargo que habitualmente asumen las Primeras Damas. Dávalos está casado con Natalia Compagnon, también cientista político, a quien conoció en 2003 en las aulas de la universidad capitalina. Pasarían años hasta que en octubre de 2012 la pareja finalmente contraería matrimonio.

El enlace conyugal no sería la única sociedad que constituiría Compagnon aquel 2012. En febrero de ese año, el Diario Oficial comunicaba el nacimiento de una sociedad llamada Exportadora y de Gestión Caval Limitada, empresa conformada por un capital de $6 millones de pesos,  cuya propiedad se repartía en partes iguales entre Natalia y Mauricio Valero. Hasta el retorno de su madre a La Moneda, Dávalos ofició como Gerente de Proyectos en Caval. Seguramente, por entonces, nadie pensaba que esta empresa y sus actividades destruirían casi por completo la alta popularidad que siempre gozó la Mandataria.

El Negocio

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En 2013 la incertidumbre marcaba el día a día de la familia Bachelet. En pleno año de elecciones presidenciales y parlamentarias, la ex Mandataria dejaba atrás sus labores en ONU Mujer y regresaba al país para someterse al escrutinio popular, a ver si por segunda vez en su vida, se convertía en Presidenta de la República. Las encuestas eran optimistas para quien gozaba del irrestricto apoyo de una amplia coalición de partidos políticos: la Nueva Mayoría. Evidentemente, el matrimonio Dávalos-Compagnon, al igual que la totalidad del clan Bachelet, apoyaban fervientemente el nuevo desafío de la matriarca. Sin embargo, los ojos de Sebastián y Natalia no estaban totalmente puestos en las elecciones presidenciales. En el plano privado, Caval buscaba realizar el negocio de su vida. Una operación que, hasta entonces, no se estaba dando nada de fácil.

Durante 2013 a Caval se le ofreció un millonario y prometedor negocio: la compra de 44 hectáreas de terreno en Machalí, comuna de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Apodada como “el barrio alto de Rancagua“, en los últimos años Machalí ha experimentado un importante desarrollo urbano y comercial. Los terrenos ofrecidos a la sociedad de Compagnon y Valero eran colindantes con el Club de Polo de la comuna y el prestigioso Colegio Coya, resultando ideales para emplazar un centro comercial, condominios residenciales y un hotel de lujo. Lamentablemente, a la fecha del negocio las tierras figuraban como de “uso agrícola”, lo que impedía efectuar construcción con miras habitacionales y comerciales. Sin embargo, desde hace años se rumoreaba que los municipios cambiarían el uso del suelo de los terrenos, lo que incrementaría sustancialmente su valor. Así, la oportunidad para Caval era clara: comprar barato y vender caro, amparado en lo favorable que sería el cambio de uso de suelo que las autoridades comunales decidirían de manera inminente.

Caval estaba decidida a efectuar la operación. ¿El problema? El precio. Los terrenos costaban $6.500 millones de pesos, dinero que la modesta empresa de la nuera de la Presidenta Bachelet no poseía.

UNA REUNIÓN PODEROSA

A duras penas, en septiembre de 2013, Caval logró dar un paso gigante al firmar una promesa de compra-venta sobre los terrenos. Esta maniobra oficializaba el interés por los paños. Hecho esto, la tarea de la sociedad era única e inequívoca: obtener el dinero para la operación.

La empresa contrató los servicios de distintas personas para lograr establecer nexos con los bancos y así lograr acceder a un millonario crédito que financiara el negocio. Las gestiones no daban resultados. Entidades como Santander, Scotiabank, BCI e Itaú le cerraban las puertas a Caval. Las razones eran simples: era una empresa de bajo patrimonio, sus dueños no poseían la capacidad suficiente para responder por el préstamo y el nexo familiar de Natalia y Sebastián con Michelle Bachelet representaba un riesgo para los bancos. Los días pasaban y el plazo para ejercer la promesa de compra-venta se agotaba. Así, el calendario no daba descanso a Caval y sus socios, temerosos de perder la oportunidad de realizar un negocio redondo y amasar una cuantiosa fortuna en el intento.

La historia cambiaría drásticamente el 6 de noviembre de 2013. A pocos días de las elecciones presidenciales y la fecha limite para ejercer la promesa de compra de los terrenos, Natalia acudía, quizás, a la reunión más importante de su vida. En el segundo piso de Ahumada 251, Santiago Centro, la esperaba la última luz de esperanza para efectuar la millonario operación. En la casa matriz del Banco de Chile aguardaba nada más, ni nada menos, que Andrónico Luksic Craig. 

Natalia no acudió sola a la cita en el Paseo Ahumada. Medios de prensa dan cuenta que, por petición expresa del Sr. Luksic, Compagnon arribó en compañía de su marido, Sebastián Dávalos. En aquella oportunidad, la nuera de la Presidenta Bachelet, expuso todos los argumentos posibles para lograr el objetivo: el millonario crédito que requería su empresa para adquirir los terrenos de Machalí. A falta de solvencia financiera, la exposición se centró en cuán rentable sería la operación por el casi seguro cambio de uso de suelo que tendrían las tierras en un futuro no muy lejano, lo que permitiría venderlos a un precio ostensiblemente mayor. Dávalos declararía que en aquella reunión su participación fue nula. Sólo se dedicó a escuchar y observar.

El 16 de diciembre de 2013 la familia Bachelet celebraba. El día anterior Michelle Bachelet se impuso por un amplio margen a Evelyn Matthei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, convirtiéndose así en Presidenta Electa por segunda vez en su vida. Sin embargo, la alegría era doble para el matrimonio Dávalos-Compagnon. Al reciente triunfo de la matriarca llegaba otra gran noticia: el Banco de Chile comunicaba la aprobación del millonario crédito.

LA COMPRA Y VENTA

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Las condiciones del crédito otorgado por el Banco de Chile eran, por decirlo de algún modo, “inusuales“. El préstamo debía ser restituido en un plazo de un año, en una sola cuota pagadera al final del periodo, a la que se aplicaba un interés de UF + 5,33%. Estas condiciones eran bastante favorables, pues Caval no adquiría una carga financiera mensual (pago de cuotas) que mermara sus ingresos.

Sin perder tiempo, Caval Ltda. inició las gestiones para la compra de las 44 hectáreas de Machalí. El dinero ya no era problema. Así, el 11 de marzo de 2014 las tierras fueron inscritas en el Conservador de Bienes Raíces, culminando así un esquivo, pero exitoso, proceso.

Tras la adquisición, la empresa de Compagnon debía encontrar compradores para las tierras, dispuestos a pagar más de $6.500 millones de pesos, a los que debían sumarse los intereses exigidos por el banco. Dicha labor no fue fácil. El cambio de uso de suelo de las tierras no se materializó, por lo que no resultaba sencillo exigir un sustantivo mayor precio por las hectáreas. Sin embargo, 11 meses después y a pocos días de que se cumpliera el plazo interpuesto por el Banco de Chile para la restitución del crédito, apareció un comprador, casi como “salvavidas”. El 21 de enero de 2015 la empresa Silca, ligada a Hugo Silva, firmó una promesa de compra-venta con Caval por los predios. ¿El precio? Silca pagaría $9.500 millones de pesos a la sociedad de Compagnon y Valero. Así, la operación generaría una ganancia bruta de $3.000 millones de pesos para la empresa de la nuera de la Presidenta Bachelet.

La transacción se cerró el 5 de febrero de 2015. Silva, en representación de Silca, pagaba los $9.500 millones de pesos pactados en la promesa de compra-venta. Así, Caval anotaba el negocio de su historia. Un negocio que, al día siguiente, sería portada de la Revista Qué Pasa y tema de conversación en todo el país.  

VACACIONES INCóMODAS

La familia presidencial se encontraba de vacaciones en el Lago Caburgua. La alegría del negocio realizado rápidamente se convertiría en histeria tras la publicación realizada por la Revista Qué Pasa. A medida que pasaban las horas la tensión aumentaba, a lo que nada ayudada los supuestos problemas de señal de telefonía móvil entre Santiago y el turístico lago de la Araucanía. En Palacio estaban confiados de que la revelación del negocio de Caval no pasaría a mayores y sólo requería paños fríos. La tesis fue la de defender que se trataba de un negocio entre privados, antes de que Bachelet asumiera como Presidenta y que Dávalos se encargaría de aportar voluntariamente antecedentes que contribuirían a transparentar un negocio legal. Así, con letardo y a regañadientes, La Moneda publicó el patrimonio del hijo de la Presidenta, lo que no hizo más que agravar los reproches que crecían como una bola de nieve.  

La oposición y la opinión pública se cuestionaban cómo una empresa de tan bajo patrimonio logró acceder al millonario crédito necesario para la compra de los terrenos de Machalí. Así mismo, surgía una pregunta adicional: ¿Cómo fue posible que las tierras pasaran a valer $9.500 millones de pesos, cuando hace sólo un año le costaban a Caval $6.500 millones de pesos? La hipótesis que rondaba en el ambiente poco a poco comenzaba a ser avalada por muchos: Dávalos, haciendo gala de su condición de hijo de la Presidenta, facilitó la obtención del crédito y certificaba que, tarde o temprano, se realizaría un cambio de uso de suelo para los terrenos. La tesis se hizo más profunda cuando, 2 días después, se supo de la reunión entre el matrimonio Dávalos-Compagnon y Andrónico Luksic, cita que aparentemente permitió la aprobación del crédito, con condiciones poco comunes para empresas de similares características.

Dávalos no quería renunciar. No lo consideraba necesario. Sin embargo, por consejo del entonces Ministro del Interior y brazo derecho de la Presidenta, Rodrigo Peñailillo, la Presidenta fue convencida e instruyó a su hijo a desertar. Así, el 11 de febrero, 5 días después de la publicación de la Revista Qué Pasa, la Mandataria ordenó a su hijo volver a Santiago y renunciar a su cargo en La Moneda, como forma de apagar el incendio que se había desatado en el país. Sebastián acató. En compañía de sus hijos y su señora, inició el retorno a la capital ese mismo día. 48 horas después materializaría su dimisión. La relación con su madre y, en particular con su Ministro del Interior, nunca sería la misma. El quiebre fue total.

DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y ROL DE LA JUSTICia

5 días después de la dimisión de Dávalos, los por entonces diputados RN, Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards, recurrieron a la Fiscalía Nacional para denunciar a Sebastián Dávalos. Los parlamentarios acusaron al primogénito de Bachelet por posibles delitos de “tráfico de influencias” y “uso de información privilegiada“, solicitando que la justicia investigara. El Ministerio Público encargó dicha labor a Luis Toledo, por entonces Fiscal de O’Higgins. 

El 23 de febrero de 2015 la Presidenta Bachelet se refería de forma oficial a los hechos. Con voz temblorosa, la Mandataria leyó un comunicado lamentando la situación, haciendo hincapié en lo doloroso que estaba siendo el caso para ella “como madre y presidenta“. Sería en esta ocasión cuando la Jefa de Estado esgrimiría una frase polémica, al asegurar que desconocía los negocios de su nuera y su relación con Androniko Luksic, sentenciando que de ellos “me informé en Caburgua por la prensa“.

Tras la denuncia de los diputados RN, la Justicia inició una serie de diligencias. El 8 abril de 2015, Natalia Compagnon prestaría declaración por primera vez ante la Fiscalía de O’Higgins. El interrogatorio de los persecutores se extendió por más de 9 horas. En su declaración ante los fiscales, la nuera de la Presidenta sostuvo que Michelle Bachelet nunca estuvo en conocimiento de la operación. A la salida de la diligencia, Compagnon debió ser escoltada por Carabineros, dada la batahola desatada a la salida de las dependencias fiscales.

El 13 de abril sería el turno de su marido. En la cita con los fiscales, Dávalos sostenía no conocer la identidad de todos los participes del negocio y haber asistido a la reunión con Luksic sólo en calidad de acompañante, no interviniendo de ninguna manera antes, durante y después de la cita. Un mes después, en un hecho quizás inédito, el magnate Andrónico Luksic prestaba testimonio ante la Justicia. Todas estas diligencias se desarrollaban mientras, en paralelo, la Cámara de Diputados aprobaba la conformación de una comisión investigadora del caso.

En medio de una profunda crisis política, aleonada por este y otros casos (Penta y SQM), el 6 de mayo de 2015 la Presidenta Bachelet sorprendía a la opinión pública al anunciar, en una entrevista con Don Francisco, la petición de renuncia que realizó a todos sus ministros. La Mandataria aseguró que, una vez recibidas las cartas de dimisión de todo su equipo, evaluaría quienes se quedarían y quienes no. Sería 4 días más tarde cuando la Jefa de Estado daba a conocer los cambios finales en su gabinete. En esta oportunidad, Bachelet sellaba un triste futuro para su Ministro del Interior y brazo derecho, Rodrigo Peñailillo, quien lidió con el Caso Caval desde su estallido y recomendó la renuncia de Dávalos a La Moneda. Meses más tarde, Dávalos responsabilizaría a éste de todo lo ocurrido.

El caso tomaría tintes de gravedad en septiembre de 2015. En especifico, el día 7 de aquel mes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentaría una querella en contra de Juan Díaz, colaborador de Caval, Jorge Silva, ex Director de Obras de la Municipalidad de Machalí y Cynthia Ross, arquitecta asesora del mismo municipio. En el caso de Díaz, los abogados del Estado denuncian pago de sobornos para cambiar el plano regulador de la comuna. En tanto, a Silva y Ross se les denuncia por cohecho: recibir dineros para, en calidad de funcionarios públicos, incidir en el cambio de plano regulador y uso de suelo de los terrenos comprados por Caval.

Tras los graves denuncias realizadas en septiembre por el Estado y tras meses de investigación, el 29 de enero de 2016 la Fiscalía finalmente formalizó a 13 personas por distintos delitos en el marco del negocio. A Caval se le formalizó por pago de sobornos, mientras que a Natalia Compagnon por delitos tributarios. Una peor suerte corrió Valero, socio de Natalia, quien fue formalizado por pago de sobornos que presuntamente habrían posibilitado el delito de cohecho por parte de varios funcionarios del municipio de Machalí. Así, el resto de los formalizados fueron personas vinculadas directa e indirectamente con el negocio, principalmente en pos de cambiar el plan regulador de la comuna para lograr que los terrenos cambiaran de uso agrícola a urbano y así revalorizarse y posibilitar una suculenta ganancia para Caval.

A Sebastián Dávalos nunca se le formalizó. Tras 4 intentos por ser sobreseído, finalmente el 2 de enero de 2018 la Justicia falló a su favor. A la salida de Tribunales, el hijo de la Presidenta tildó de corrupta a la Fiscalía y anunció querellas a todos quienes filtraron información del caso, así como a medios y personas que lo injuriaron durante el proceso.

El primer condenado del Caso Caval fue Juan Díaz, quien aceptó haber pagado reiteradamente sobornos a funcionarios de la municipalidad de Machalí. Se le condenó a 3 años de presidio, las que no cumplirá en prisión, más el pago de multas por más de $121 millones de pesos. El segundo condenado fue Jorge Silva, ex Director de Obras del municipio de Machalí, por recibir dineros para tramitar el cambio de uso de suelo de los terrenos. Se le ordenó cumplir una pena de 818 días de presidio, también con el beneficio de no ir a la cárcel. Se le impuso una multa de $55 millones de pesos, las que se sustituyeron finalmente por prestación de servicios a la comunidad. 

Natalia Compagnon, Mauricio Valero y el resto de los formalizados esperan juicio oral, agendado para la primera semana de marzo de 2018, tras ser pospuesto en al menos 3 ocasiones.

ReflexiOnES

El Caso Caval nos invita a reflexionar sobre las malas prácticas que cometen algunos chilenos cuando se busca realizar negocio haciendo uso de poder político. 

En primer lugar, el reproche hacia una de las instituciones bancarias más grandes del país: el Banco de Chile. El hecho de que una empresa tan modesta como Caval haya accedido a un millonario crédito de $6.500 millones de pesos, a interés de mercado y pagadero en una sola cuota al cabo de un año, nos plantea una inquietud abrumadora: ¿Recibimos todos el mismo trato? La desazón invade nuestras percepciones al considerar que dicho crédito fue aprobado un mes después de que Compagnon, en compañía del hijo de la Presidenta Electa, sostuvieron una reunión presencial con el mayor propietario del banco, Andrónico Luksic. La realidad es que, más allá del tipo de negocio, empresas de similares características que Caval no tienen ni la más remota posibilidad de poder plantear sus planes de negocio a Luksic o algún otro dueño de banco para poder acceder a un crédito, mucho menos a un préstamo tan abultado como el logrado por la empresa de Compagnon. Son diversos los argumentos para creer que el negocio realizado por Caval podía representar un alto riesgo para cualquier institución bancaria: bajo patrimonio de los socios, la incertidumbre sobre cuándo y a qué precio se venderían los terrenos (sólo así Caval tendría como restituir el préstamo), la no certeza de que las tierras podrían ser utilizadas con fines de uso de urbano, entre otros. El hecho de que otros grandes bancos rechazaran el facilitar los recursos, es prueba fiel de que la operación era riesgosa. Así, considerando la precariedad de Caval, las condiciones del préstamo, la reunión en la casa matriz del banco, los riesgos del negocio y el rechazo de otras entidades, todo sugiere que Luksic realizó un favor al hijo de la Presidenta Bachelet. Esto nos invita a reflexionar sobre la arbitrariedad con la que actúan los bancos a la hora de otorgar créditos, dado que los $6.500 millones de pesos facilitados a Caval pudieron haber sido facilitados a una empresa que creara empleos, producción y otras externalidades mucho más positivas para el país.

En segundo lugar, la justicia sentenció a 2 personas por realizar y recibir sobornos, quienes habrían delinquido con el objeto favorecer la toma de decisiones políticas necesarias para la plusvalía de los terrenos comprados por Caval. Esto resulta grave y preocupante, pues los funcionarios públicos tienen el deber de tomar decisiones en virtud de los intereses de la sociedad y no de privados. Aun resta que la justicia determine si Caval, Valero y otros formalizados incurrieron en similares u otros delitos.

Quizás el Caso Caval nos reveló un secreto que por mucho tiempo sólo fueron voces: la política y los bancos al servicio de unos pocos. Sin embargo, ya no siendo un secreto susceptible a incredulidad, la ocurrencia de estos hechos nos debe invitar a reflexionar sobre a qué clase de personas empedramos a través de las urnas.