La Corrupción en el Ejercito explicada con manzanitas

En la siguiente columna de Economía Para Todos intentaremos explicar el escándalo de corrupción presente en las Fuerzas Armadas de Chile. Audios y testimonios dan cuenta de un robo sistemático de recursos fiscales desde 2010 hasta 2014, lo que ha repercutido en un nuevo destape de fraude, ahora desde la vereda militar. Más de $3.300 millones de pesos de desfalco, en una investigación que suma y sigue. Un fraude a las arcas fiscales superior al Caso Penta y SQM. Recursos que terminaron en noches de casino, compra de propiedades y caballos de carrera. Con manzanitas, a continuación.

EL CORONEL CHARLIE BROWN

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Imagine que en un país llamado Peanut’s reside el Coronel Charlie Brown. Un hombre bien pagado, dado que en dicho país las remuneraciones en las Fuerzas Armadas son sustantivamente superiores al ingreso medio.

Un día el Coronel Charlie Brown se contacta con el Cabo Snoopy para gestionar la compra institucional de repuestos para vehículos militares. El Coronel Charlie Brown ya tiene visto a un proveedor, Linus, dueño de un taller especializado para prestar servicios al Ejercito. Así el Coronel Charlie Brown gestiona la creación de una orden de compra y una factura por $10 millones de pesos. El Cabo Snoopy se encarga de que la orden de compra y la factura sea aprobada por las unidades responsables de gestionar los recursos del Ejercito para el pago de proveedores. Una vez que consigue las firmas correspondientes, se aprueban los recursos que llegan al proveedor del trabajo: Linus. 

Días después el Cabo Snoopy acude al taller de Linus con un maletín. Tras una breve reunión, el Cabo Snoopy se lleva $9 millones de pesos. Posterior a esto acude a reunirse con el Coronel Charlie Brown, para la entrega de $6 millones de pesos. Repartidos los recursos entre las 3 partes, cada uno vuelve a su domicilio y siguen sus vidas.

Nunca se repararon vehículos militares. Nunca se suministraron repuestos. Tan sólo fue una excusa para poder justificar el pago de $10 millones de pesos por bienes y servicios no prestados. Facturas ideológicamente falsas, que terminaron con lucro del Coronel Charlie Brown, el Cabo Snoopy y Linus. ¿Cómo nadie pudo notar esto?

LA LEY RESERVADA DEL COBRE

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La Ley 13.196 es una ley promulgada el año 1958 por el Presidente Carlos Ibáñez del Campo, denominada “Ley Reservada del Cobre”. Esta ley ha sido modificada sucesivamente desde aquel entonces, hasta su versión final definida el año 1985, la que establece que el 10% de los ingresos anuales de CODELCO, empresa estatal y la principal minera de cobre del Mundo, deben ser dirigidos a las Fuerzas Armadas de Chile. Una ley que hasta el día de hoy no está disponible en el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional dado que fue publicada en una versión restringida del Diario Oficial. Reservada, como lo dice su nombre.

En 2014 el aporte de CODELCO a las Fuerzas Armadas fue de US$ 1.081 millones de dólares. Mismo año la utilidad final de la minera fue de US$ 711 millones de dólares. Dado esto las Fuerzas Armadas recibieron más dinero que el Estado en su conjunto por las actividades de la cuprífera.

Dado su caracter de reservada, esta ley permite que dichos recursos no estén sujetos a la fiscalización del Congreso ni la Contraloría. Así las Fuerzas Armadas no están legalmente obligadas a dar cuenta y rendir la forma en qué gastan estos recursos. Se confía en que las Fuerzas Armadas utilizarán estos recursos para fortalecer la defensa del país, y que ejecutarán mecanismos de control adecuados para evitar que estos recursos se utilicen con otro fin. Quizás con estos antecedentes se puede explicar parcialmente como nadie pudo notar esto.

EL ROBO DE LA HISTORIA CASTRENSE

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3 de marzo de 2014. El Coronel Clovis Montero se reúne con el Cabo Juan Carlos Cruz en el estacionamiento del Edificio Bicentenario del Ejercito de Chile. ¿El motivo? La entrega de una bolsa negra repleta de dinero. Los recursos habían sido traspasados al Coronel Montero por Francisco Huincahue, socio y dueño de la empresa Abastecedora de Repuestos FRASIM Ltda., sociedad que días antes había sido aprobada para provisionar repuestos por un monto de $50.041.080. La orden de compra estaba firmada por 3 altos militares. Sin embargo, nadie notó que esas firmas habían sido falsificadas por el Cabo Cruz. 

Las gestiones del Coronel Montero por acelerar el pago dieron frutos. A pesar de que Montero se desempañaba en Contraloría, una unidad ajena a la labor de aprovisionamiento, nadie lo cuestionó. Así procedió el pago del BancoEstado a Francisco Huincahue, quien descontó el IVA y una comisión de 15% por la factura falsa, para entregarle el dinero restante al Coronel Montero. La fuente de los recursos eran los saldos remanentes de los dineros aportados por la Ley Reservada del Cobre.

2 semanas después el Coronel Montero, el Cabo Cruz y Huincahue continuaron su emprendimiento. Esta vez, a partir de 5 boletas falsas, buscaron la aprobación de $53.041.750. Todo salía a la perfección, hasta que el Coronel Samuel Poblete, tesorero del Ejercito, advirtió que Pedro Ferrer, uno de los firmantes de la orden aprobada, figuraba como Teniente Coronel, siendo que había sido promovido a Coronel días antes. Al respecto lo llamó por teléfono. En la conversación, Ferrer negó haber firmado las facturas. 

Montero, enterado de la situación, buscó solucionar el problema hablando directamente con Poblete y Ferrer. Sin embargo ambos ya estaban decididos a investigar el origen de la irregularidad. Al respecto Montero contacta a Huincahue para revertir el pago de los $53 millones. Así el empresario entrega a Montero un vale vista a la cuenta del Ejercito de Chile, restituyendo los fondos cuestionados. Pero ya era demasiado tarde. 

Ante la escalada de investigaciones, pruebas caligráficas que confirmaron la falsificación de firmas, entre otras pericias, el Cabo Cruz confiesa. El uniformado declaró que detectaba saldos remanentes de la Ley Reservada del Cobre y tomaba contacto con el Coronel Montero. Este conseguía presupuestos y facturas para obtener los recursos. El Cabo Cruz luego redactaba ordenes de compra y falsificaba firmas para sortear las etapas del proceso de aprobación y transferencia de recursos. Cruz declaró que nadie sospechó nada, dado que su trabajo era recepcionar facturas y dar orden de pago. Al mes lidiaba con más de 150 facturas. 

DEL FISCO AL MONTICELLO

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Casado. Departamento en Providencia, cerca del Club Providencia donde practicaba tenis habitualmente. Dueño de un Pronto Copec, administrado por su hermana, quien le vendía ricas empanadas a Francisco Huincahue. La vida del Coronel Montero era privilegiada. Ostentaba un salario mensual superior a los $2,6 millones de pesos. Era parte del 1% más rico de Chile. Un nivel de vida que lo disfrutaba manejando un Audi Blanco. Un nivel de vida que no era suficiente.

Soltero. 2 hijos. Remuneración de $600 mil pesos aprox. Una realidad distinta para el Cabo Cruz, quien en este desfalco vio un ascenso espumoso hacia una vida de lujos. Su fascinación por el dinero la canalizaba en el Casino Monticello, donde pasaba al menos 2 días a la semana.

En 6 años jugó $2.368.728.789 pesos. Poco más de US$ 3,3 millones de dólares. En declaración a la Fiscal Jofré señaló que perdió el valor del dinero.

El Cabo Cruz y el Coronel Montero se encuentran recluidos en recintos militares hace más de 1 año y 8 meses.

NADA NUEVO BAJO EL SOL

 

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La historia del Coronel Montero y el Cabo Cruz no es nueva. Entre 2010 y 2011 ocurrirían ilícitos similares en el Ejercito. Millaray Simunovic, Claudio Gonzalez Palominos y Miguel Escobar fueron oficiales envueltos en un desfalco similar. A partir de boletas falsas emitidas por el empresario Raul Fuentes Quintanilla realizaron fraudes a recursos de las Fuerzas Armadas para lucro personal. Hoy también Simunovic, Gonzalez y Escobar se encuentran recluidos. 

En Arica se identificó una situación similar. Por estrategia, la capital de la XV región es una ciudad con alta afluencia de personal de las Fuerzas Armadas. Así surge la necesidad de encargar labores de mantención a proveedores locales. Uno de ellos era Waldo Pinto, dueño de un modesto taller en la ciudad norteña. Pinto declaró haber emitido boletas falsas y dar pagos al ex Coronel Juan Guerra y al General Hector Ureta, Comandante de la División de Mantenimiento. En palabras de Pinto era regular tener que aportar recursos para diferentes fines: compra de útiles millonarios, pago de comidas, donaciones para fiestas, etc. Un cajero automático de funcionarios militares en la ciudad del norte.

El ex Coronel Guerra iba a ser promovido a General de Brigada. El 10 de noviembre de 2015 debió renunciar tras ser citado a declarar a la Fiscalía Militar de Santiago.

REFLEXIÓN

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Actualmente la investigación sigue en curso bajo dos aristas: la militar y la civil. Y es que en este desfalco se conjugan cómplices en ambas veredas: las Fuerzas Armadas y civiles. Desde la Fiscalía Militar investigan más de 10.000 facturas anteriores a marzo de 2014. Trascendidos han señalado que el robo alcanza más de $3.300 millones de pesos. Por su parte la fiscal Ximena Chong investiga la participación de empresarios, quienes al emitir boletas por servicios no prestados habrían entregado información fraudulenta. Se investiga si dichos documentos maliciosas pudieron haber permitido un menor pago de impuestos.

Según expertos el equipamiento de las Fuerzas Armadas es de primer nivel. Situación contraria a periodos previos a la Ley Reservada del Cobre, donde una defensa alicaída casi nos enmarca en un conflicto bélico con Argentina en la década del 70. Queda la duda de sí esos avances en materia de defensa han sido producto de la Ley Reservada del Cobre. Lo cierto es que nuestra seguridad y la defensa de nuestra soberanía no puede tener un costo tan alto, como la corrupción. Esa de la que hemos sabido mucho este año.

Toda institución financiada con recursos públicos en Chile debe estar supeditada al control público. Así es, para bien o para mal de muchos. Son recursos de todos los chilenos, quienes financiamos con impuestos capitalizaciones a Codelco, que luego por la venta del cobre genera recursos permanentes a las Fuerzas Armadas, donde parte de esos recursos terminan en compra de propiedades, caballos y el Casino Monticello, entre otros. No resulta sano para una economía, ni para un país en búsqueda del desarrollo, un secretísimo que termina en robo. ¿Por qué? Porque surgen cada vez más incentivos a robar. Quien roba va al Monticello. Quien no indirectamente paga esas rachas.

Conocer el detalle de estos casos nos permite exigir sanciones ejemplificadoras. O al menos, que no pasen desapercibidos. Antecedentes dan cuenta que esta situación de irregularidades fueron expuestas al Ministro Jorge Burgos, cuando se desempeñaba en la cartera de Defensa, y al actual Ministro José Antonio Gomez, ex candidato presidencial. Nadie dijo nada. Al menos no públicamente. Conocemos estos casos gracias al perseverante periodismo de algunos. Chile no se puede seguir sustentando en la lógica del “te pillé”.

Por nuestra parte seguimos siendo espectadores. A diferencia del pasado, ahora la película tiene menos censura. Solo resta soñar con que en el futuro podamos ser actores de un largometraje más justo. La evidencia de estos casos nos invita a creer que vamos por buen camino. No obstante, un largo camino que debe ser materializado por todos en futuras urnas, para que este tipo de casos no quede en impunidad, pasillos y recintos militares, sino sancionados y expuestos de forma pública.