La Destitución de Dilma Rousseff explicada con manzanitas

61 votos a favor, 20 en contra y cero abstenciones. Así fue que hoy Dilma Rousseff fue destituida como Presidenta de la República Federal de Brasil. Un proceso que comenzó en noviembre de 2015 y que hoy culminó con un hecho que pasará a la historia política latinoamericana como un día gris para la transparencia y la probidad. Y es que tras meses de investigación, el senado brasileño culpó a Rousseff de alterar los presupuestos de la Nación mediante tres decretos no autorizados por el Parlamento, además de contratar créditos con la banca privada para adulterar una aparente situación de déficit del Gobierno. Así se atribuyó delito de responsabilidad a la ex Mandataria por este “fraude”, motivo por el cual se aprobó su destitución de la más alta magistratura.

Unos festejan justicia. Otros denuncian un golpe de Estado. Lo cierto es que este histórico fue precedido por antecedentes de suma relevancia. Corrupción, drogas, lavado de dinero, políticos y empresarios condenados. Una historia que vale la pena explicar con manzanitas y que podría conectarse sigilosamente con Chile.

Operação Lava Jato

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El 17 de marzo de 2014 la Policía Federal de Brasil realizó un allanamiento que haría pública la mayor investigación de corrupción en la historia del país carioca. El proceso buscaba identificar a culpables, cómplices y participes de una red de lavado de dinero que utilizó lavanderías, gasolineras y estaciones de servicio para blanquear recursos de fuente ilícita.

Ese día de marzo la estación de servicio “Posto da Torre“, gran espacio comercial ubicado en el centro de Brasilia, fue escenario de un operativo policial que buscaba dar con indicios de la red de lavado de dinero. La policía venía siguiendo desde julio de 2013 a Carlos Chater, dueño del inmueble, por presuntos lavado de recursos del fallecido ex diputado José Janene. Escuchas telefónicas pudieron comprobar que Chater actuaba como “doleiro“: una persona que compra y vende dólares y otras monedas extranjeras en el mercado negro. Sin embargo Chater sólo era parte de una red donde operaban, a lo menos, 4 grupos delictivos en total.

Fue así que apareció el nombre de Alberto Youssef, reconocido amigo de procuradores de la República y oficiales federales. Youssef no era un personaje nuevo. En 2003 había estado en prisión por lavado de activos, cumpliendo una pena menor a la establecida por ley tras colaborar con la justicia.

El monitoreo a Youssef marcaría un antes y un después en el caso. Agentes de la policía federal hallaron un correo electrónico que aludía a un regalo lujoso: una camioneta Range Rover Evoque. ¿El destinatario? La sorpresa fue gigante. Paulo Roberto Costa, director de abastecimiento de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) entre 2004 y 2012.

El hallazgo no fue menor. El receptor de la camioneta manejaba los contratos de la empresa semi-estatal más grande de América Latina.

El escándalo

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Costa fue detenido el 20 de marzo de 2014, 3 días después del allanamiento a la gasolinera de Chater. Lo que comenzó como una investigación por lavado de dinero ilícito sumaría una escalofriante arista: posible desvío de fondos públicos. Y es que Costa, director de contratos de Petrobras, había recibido una lujosa camioneta de parte de un reconocido delincuente. ¿A cambio de qué? Aquella pregunta no era motivo suficiente para su arresto.

Sin embargo las cámaras de vigilancia pudieron más. Un día familiares de Costa fueron grabados saliendo de una empresa de su propiedad con mochilas y bolsas, lo que constituyó para la policía un acto de destrucción de pruebas. Así se procedió a su detención. Sólo días más tarde una cooperación internacional comenzaría a escribir la lápida del ex director. Fiscales suizos dieron cuenta de la existencia de más de US$ 23 millones de dólares, pertenecientes a Costa, en cuentas bancarias del país europeo. Con estos antecedentes la tesis del desvío de fondos públicos comenzaba a quedar en evidencia.

En agosto de 2014 Costa y Youssef llegaron a un acuerdo para acogerse a un beneficio de delación compensada. Hablarían y devolverían dineros, a cambio de reducir sus penas. Así fue. Hablaron, y mucho. Sus testimonios revelaron que las principales empresas constructoras de Brasil, como Odebrecht o Camargo Corrêa, formaban parte de una colusión que se repartía contratos multimillonarios de Petrobras. A cambio de estos acuerdos las empresas pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de políticos, entre ellos miembros del partido de la Presidenta Rousseff: el Partido de los Trabajadores (PT).

LAS PROPINAS

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Las empresas transferían dineros a ejecutivos y políticos a modo de comisiones. Estos recursos representaban entre un 1% y 3% del valor de un contrato con Petrobras. Bajo este esquema las empresas se aseguraban ganar negocios con la petrolera estatal. Los recursos eran transferidos por las empresas ganadoras a sociedades fachada que prestaban “servicios de consultoría“.Luego los recursos eran cambiados por Youssef u otros doleiros, antes de llegar blanqueados a los destinatarios.

Imagine que yo soy dueño de Constructora EPT y quiero ganarme un contrato con Cobrelco, una empresa gigante propiedad del Estado. Sin embargo debo competir con otras constructoras para ver quien presenta la mejor oferta. No obstante, me pongo de acuerdo con las otras empresas para repartirnos la gama de contratos que año a año ofrece Cobrelco. Sin embargo la decisión final recae en los ejecutivos de Cobrelco, a quienes se les ocurre cobrarme una comisión a cambio de adjudicarme un contrato. Yo accedo y les compro un Mercedes Benz a todos mis nuevos amigos. A cambio, ellos aprueban que Cobrelco contrate a Constructora EPT y me pague millonarias cifras con recursos públicos: provenientes del pago de impuestos de todos los contribuyentes.

En total se ha constatado más de US$ 1.770 millones de dólares pagados en sobornos, por lo que 179 personas enfrentan acusaciones penales. Las condenas ya emitidas en primera instancia suman casi 1.000 años de prisión. Dentro de los sentenciados destaca el ex tesorero del Partido por los Trabajadores, João Vaccari, antiguos directores de Petrobras y el ex Presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión. Costa y Youssef fueron condenados a 20 años.

¿Qué pasaría si le dijera que los Mercedes Benz no bastan? ¿Qué pasaría si, para adjudicarme contratos con Cobrelco, debo financiar a un determinado candidato o partido político? Fue así como se comenzó a especular lo peor. Los ex Presidentes Dilma Rousseff y Luiz Inácio “Lula” da Silva habrían recibido dineros para sus campañas provenientes de los contratos con Petrobras.

La caída de Dilma

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Rousseff fue reelecta como Presidenta de la República Federal de Brasil en las elecciones celebradas a fines de 2014. Con un 51,64% de los votos válidos, logró imponerse en los comicios más reñidos de la historia política del país carioca. Fue el 1 de enero de 2015 donde Dilma asumió un segundo periodo consecutivo al mando del país, a pesar de que la aprobación a su gestión sólo alcanzaba un 9%, en el marco de los escándalos de corrupción revelados en 2014 y la crisis económica que anotaba el país. Fue así como la ola de protestas en el país, aleonadas desde 2014, siguieron y se acentuaron.

Por esos días las esquirlas de la Operación Lava Jato salpicaban al Presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha. El político comenzaba a acumular denuncias por recepción de dineros de Petrobras y propiedad de cuentas secretas en Suiza. Cunha temía perder su puesto y ser blanco del Poder Judicial. En consonancia con la opinión pública, parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT, partido de Dilma Rousseff) anunciaron su apoyo a estas denuncias.

Fue así como Cunha amenazó al Partido de los Trabajadores con aprobar la solicitud de juicio político a la Presidenta Dilma Rousseff. Finalmente, tras 37 pedidos realizados a la Cámara de los Diputados, en septiembre de 2015 se aprobó finalmente una de las solicitudes. Los argumentos para el inicio del proceso de destitución de la Mandataria fueron:

  1. Omisión de medidas y responsabilidades para con Petrobras, tras el escándalo Lava Jato.
  2. Contratación de altos créditos con la banca privada sin autorización del Parlamento.
  3. Mejora artificial de cuentas públicas para ocultar resultados adversos.

Tras un proceso que se extendió por más de 7 meses, Dilma Rousseff fue destituida como Presidente de la República Federal de Brasil.

reflexión

A demonstrator holds a Brazilian flag in front of a burning barricade during a protest in Rio de Janeiro in Rio de Janeiro, Brazil, Monday, June 17, 2013.
A demonstrator holds a Brazilian flag in front of a burning barricade during a protest in Rio de Janeiro in Rio de Janeiro, Brazil, Monday, June 17, 2013.

La caída de Dilma Rousseff no pone fin a la crisis económica y social que vive Brasil. En el mejor de los casos se situará como el punto más álgido. Las consecuencias económicas y sociales de las malas prácticas son negativas y lamentablemente es la sociedad en su conjunto la que lo resiente. Los escándalos generan incertidumbre y desconfianza, lo que se traduce en fuga de capitales y baja de la inversión, conductas que finalmente repercuten en una contracción del empleo, consecuente con una menor producción. Pobreza por la impunidad hacia el engaño y la avaricia destemplada. Lo peor de todo es que las crisis agudas urgen recambios que no necesariamente serán la solución. Hoy es Michel Temer quien asume en reemplazo de Rousseff hasta 2018. ¿Será el indicado?

En el papel Dilma cayó por endeudar al Estado sin autorización del Congreso, además de maquillar las cuentas del Gobierno y ocultar la verdadera realidad. Sin embargo, los antecedentes de la Operación Lava Jato sugieren que su caída obedece a los vínculos de corrupción que presuntamente habría mantenido ella y su partido. Sobornos, dádivas, propinas. Empresas financiando a ejecutivos y políticos, a cambio de adjudicarse contratos millonarios de una empresa estatal. No cualquiera: Petrobras, la más grande de América Latina.

Por estos días Codelco, nuestra empresa estatal, está en el ojo del huracán por la escasez de recursos que coloquialmente denunció su Presidente Ejecutivo, Nelson Pizarro. “No hay un puto peso” fue el llamado de auxilio que reactivó debates más que necesarios. ¿Son demasiados altos los sueldos en Codelco? ¿Resulta insostenible seguir cumpliendo con la Ley Reservada del Cobre? Y es que, tal y como expusimos en Diario Publimetro, los altos gastos de administración y el 10% a las Fuerzas Armadas erosionaron el margen de utilidad que registró la cuprifera en 2015 (leer columna AQUÍ).

Usted se preguntará: ¿Qué tiene que ver Codelco con la destitución de la Presidenta de Brasil? Por ahora nada. Pero ojo: no nos juzgue por hacer las preguntas que otros no.